Día de lucha por la despenalización del Aborto en América Latina

28 de Setiembre de 2014
Comunicado de Prensa

En el marco del día de Lucha por la legalización y despenalización del aborto en América Latina, las Mujeres en el Horno manifestamos que si bien el marco normativo respecto al aborto en Uruguay puede parecer más permisivo que en el resto de América Latina, en realidad implica un procedimiento complejo que en muchos casos lleva al desamparo legal a quienes no cumplen con el mismo.

Desde Mujeres en el Horno entendemos que en la vida concreta de las mujeres esta Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo (Ley IVE: 18.987) significa un pequeño avance en tanto y en cuanto existe la posibilidad del acceso al aborto en un marco sanitario controlado, a través del método medicamentoso, sin tener que enfrentarse a la clandestinidad para conseguir el misoprostol. Pero mantenemos que no puede tomarse como una conquista en los derechos de las mujeres ya que no sólo no se plantea como un derecho, sino como una prestación de servicios y una práctica social que el Estado pasa a controlar por sus canales institucionales, sin despenalizarla en los hechos y sin brindar las mejores condiciones de uso y acceso.

Esta postura política frente a la ley IVE y su implementación es la que sostenemos desde nuestra organización feminista. Ello nos coloca, por un lado, en el trabajo de contribuir a la “despenalización cultural” de la práctica del aborto y la identificación de las barreras a las que las mujeres se enfrentan cuando realizan la práctica del aborto, tanto dentro como fuera del procedimiento que marca la Ley. Por otro lado, utilizamos la información recabada en un trabajo de articulación con el resto de las organizaciones sociales que tratan este tema, con el Estado, y con los agentes que intervienen en esta problemática para contribuir en la superación de las barreras que venimos identificando conjuntamente.

Las Mujeres en el Horno trabajamos juntas desde hace más de un año de manera militante por los derechos sexuales y los derechos reproductivos, el derecho a decidir y la autonomía sobre nuestro cuerpo. Desde marzo de este año estamos trabajando en el proyecto “Línea Aborto Información Segura” 0800 8843, una línea telefónica gratuita dirigida a compartir información, orientación y contención a mujeres que deciden interrumpir un embarazo no deseado, no planificado. A través de talleres de sensibilización con distintos sectores de la población, tanto en Montevideo como en el interior del país, buscamos contribuir además a la despenalización social y cultural del aborto.

La línea 0800 8843 es una herramienta de comunicación de mujeres con otras mujeres dirigida a identificar y eliminar las barreras de acceso al aborto seguro.

Con la línea telefónica difundimos en forma activa y directa los derechos que poseemos las mujeres al ampararnos en la Ley 18.426 de “Derechos Sexuales y Reproductivos” aprobada en el año 2008, la cual implementa una estrategia de disminución de riesgos del aborto clandestino y a través de la cual las mujeres tenemos el derecho a ser asesoradas sobre la práctica, procurando garantizar a su vez mejores condiciones para el ejercicio del derecho a la salud. Difundimos además la Ley 18.987 “Interrupción Voluntaria del Embarazo” aprobada en al año 2012 a través de la cual todas las usuarias del Sistema Nacional Integrado de Salud (SNIS) en Uruguay, tienen derecho a interrumpir un embarazo no deseado, siempre que cumplan con los requisitos del procedimiento. Esto significa que el aborto en Uruguay no está despenalizado completamente, ya que de realizarlo fuera del procedimiento que establece la ley es considerado todavía un delito.

Desde la Línea buscamos apoyar, acompañar y contener a mujeres que estén pasando por un embarazo no planificado, orientar a las mujeres hacia la efectivización de los derechos consagrados y el acceso a los recursos disponibles, brindando información y asesoramiento sobre las normativas vigentes, compartir información específica y actualizada sobre el funcionamiento de los servicios de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE) del SNIS, y sistematizar la información relevada en la atención a efectos de contribuir a la acumulación de conocimiento sobre la realidad de la práctica.

El primer grupo de datos relevantes es en referencia a la edad, la residencia, situación laboral y número de hijos/as. El 60% del total de las mujeres que llaman, son menores de 30 años y de éstas un 12% son menores de 20 años.

En cuanto al lugar de residencia, encontramos que el mayor número de llamadas se registran de Montevideo 58%, luego Canelones 16%, Salto 7%, el resto de los departamentos completan el 19%. El 30% de las mujeres tienen entre 30 y 45 años. El 50% de las mujeres que llaman ya tienen hijos/as. Del total de mujeres que llamaron, el 58% trabaja fuera del hogar en forma remunerada.

Varias de las mujeres han expresado que existen dificultades para conciliar el trabajo con el procedimiento IVE. No está previsto en la ley “licencia médica” durante el proceso. Las demoras y la cantidad de veces que deben acudir a los servicios genera inconvenientes para las mujeres en este sentido. Además, persiste la preocupación de la mayoría de las trabajadoras por no dar a conocer su situación en su lugar de trabajo por miedo a ser juzgadas.

Un dato relevante a partir de la primera sistematización de la información recabada desde la Línea es que el 86% de las mujeres que llamaron lo hicieron pre-consulta IVE (o pre IVE1), es decir, se trata de mujeres que desean abortar pero desconocen los procedimientos establecidos por ley, y tampoco conocen a dónde dirigirse (en su servicio de salud). Esto refleja la escasa difusión que se ha hecho de esta ley desde su implementación, y la importancia que tiene la difusión de la información para un efectivo acceso al aborto seguro dentro del marco legal. La gran mayoría de las mujeres que llaman tienen nociones a veces equivocadas sobre la ley IVE. Muchas de estas llamadas muestran que el Estado tiene una gran deuda en cuanto a garantizar el acceso a dicha información. Los prestadores de salud no siempre cumplen con informar y difundir las formas en que la institución brinda esta prestación.

Nuestra tarea, en este sentido, es esencial para que las mujeres se apropien de la ley y reclamen por su cumplimiento en tiempo y forma. Lo es así también para que estén preparadas para las demoras que se suscitan y estén pendientes de los plazos establecidos para acceder al aborto dentro del marco legal. A su vez, nos preocupa que la ley 18.987 del 2012 ha silenciado, de cierta manera, la ley de salud sexual y reproductiva del 2008, que garantiza la atención y asesoramiento pre y post aborto, como también la confidencialidad médico-paciente, indispensable para aquellas mujeres que desean abortar y están fuera del plazo establecido por la ley (12 semanas y 6 días o 14 semanas en caso de violación y presentando constancia de denuncia judicial).

Otro dato a destacar es que el 14% de las llamadas han consultado por dudas sobre el proceso (es decir, en el durante y el post procedimiento IVE) y varias mujeres consultaron sobre los plazos, tiempos y demoras para completar el procedimiento IVE, para tener la certeza de estar incluidas dentro del procedimiento legal.

En relación a este último punto, de esta primera etapa piloto nos parece resaltar que la mayor dificultad enfrentada por las mujeres (basándonos en algunos casos particulares como referencia) tiene que ver justamente con los plazos. Nos referimos a aquellas situaciones en las que las mujeres inician el procedimiento antes de las 12 semanas de embarazo, pero no logran culminarlo en el tiempo establecido, (aún persiste el embarazo) por diversos motivos: la medicación no surtió ningún efecto, o por las demoras del servicio de salud, o porque no acudieron a la consulta de control final ya que muchas mujeres no llegan a esta última etapa del procedimiento: IVE4. Según la Ley estas mujeres no pueden seguir siendo asistidas por el sistema de salud para completar el procedimiento debido a que ya se cumplieron los plazos legales. La ley establece que en estos casos se pueden hacer las denuncias correspondientes, pero el aborto ya no puede completarse dentro del marco legal. Esta es una complicación originada en la ley que debemos continuar denunciando y demandando una resolución que atienda estas realidades. En todos estos casos, las mujeres quedan en una situación de desamparo total y empujadas por el propio sistema a recurrir a la medicación en el mercado clandestino de misoprostol.

Un segundo tipo de barrera al acceso a un aborto legal estaría relacionada con las dificultades para obtener información de los servicios de IVE de varias mutualistas o servicios privados de salud: algunos servicios no brindan información sobre horarios, costos, médicos, etc. a personas no socias. Si bien hemos logrado conseguir los datos de la mayoría de los servicios privados, varios, especialmente en el interior del país, son reticentes a brindarlos. Por lo tanto, la información que recibimos de las mujeres que llaman y que son usuarias de los mismos, es fundamental, por un lado, para identificar los horarios, costos, profesionales encargados, etc., y por otro, para detectar violaciones a la reglamentación de la ley, demoras en la atención, y todo tipo de situaciones que contribuya a obstaculizar el acceso. También incluso para identificar buenas prácticas.

Existen también dificultades para el acceso al aborto seguro por parte de las mujeres usuarias del sistema de salud en tanto persiste la “penalización cultural del aborto”. Se trata de los miedos, tabúes, preconceptos y estereotiposque durante décadas han rodeado la práctica del aborto en un contexto de criminalización y que no se modifican con la despenalización desde el legislativo. Actividades de sensibilización y difusión pueden contribuir a un cambio en este sentido, ya que muchas veces los comentarios que reciben las mujeres que inician el procedimiento de interrupción del embarazo durante la atención en el sistema de salud reflejan esta “penalización cultural”. Maltrato “rezongos”, infantilización, insensibilidad en general frente a los miedos que persisten en muchas mujeres, provienen del personal de la administrativo y de salud. Demoras y escasos recursos humanos para atender el proceso de IVE demuestran la dificultad en la despenalización del aborto en un nivel ideológico.

La objeción de conciencia, especialmente en algunos departamentos del interior del país, es una barrera enormemente complicada, pues es muy difícil contrarrestar el abuso del poder médico, el uso de este “derecho” de la corporación médica por sobre los derechos de las mujeres, donde algunos servicios no logran garantizar el cumplimiento de la atención que sí le corresponde a la institución de salud más allá de sus objetores/as. El caso más conocido del Departamento de Salto, donde la totalidad de los ginecólogos/as (12) hicieron objeción de conciencia fue un caso paradigmático para el MSP, que pudo proponer como alternativa en primer término el traslado de las mujeres a otros departamentos para realizar el procedimiento y a partir de setiembre de 2013 ha conseguido que una ginecóloga asista a las mujeres de Salto yendo a ese departamento a atender una vez por semana.

En este contexto descripto nos parece fundamental el papel que una vez más deben desempeñar las organizaciones sociales, feministas y de mujeres, articuladas en pos de trabajar por monitorear la realidad de la implementación de la ley y para lograr la “despenalización cultural” que tiene la práctica del aborto a nivel social, después de tantos años de criminalización y clandestinidad. Sobre todo pensando en el acceso real que tienen las mujeres que se encuentran en una situación de mayor vulnerabilidad socio-económica y las mujeres que viven en las zonas alejadas de los centros urbanos a lo largo y ancho del país.

Las Mujeres en el Horno somos mujeres diversas, madres, lesbianas, profesionales, trabajadoras, estudiantes, docentes, adultas, jóvenes, afrodescendientes, militantes y activistas. Muchas de nosotras hemos participado de la lucha previa por generar un marco legal que despenalice la práctica del aborto desde la Coordinadora por el Aborto Legal, tanto de forma individual como por nuestra participación en otras organizaciones sociales.

Esta lucha nos llevó a consolidarnos como colectiva feminista, con la finalidad de generar acciones alrededor del derecho a decidir sobre nuestro cuerpo y nuestras vidas. Proclamamos desde el feminismo que lo personal es político y nuestro cuerpo es territorio de resistencia y de construcción de alternativas.

Seguiremos luchando por el aborto legal, seguro y gratuito en toda América Latina

Para que decidir sea el derecho de todas
Por la despenalización cultural del aborto

#AbortoSinEstigmas